Venezuela sufre un prolongado asedio y sitio desde el año 2013 con el fin de provocar su rendición y entrega a los intereses corporativos de los grandes bloques de poder mundial.
Para entender lo ocurre es oportuna la comparación con los mecanismos usados en la Edad Media para lograr la rendición de las ciudades amuralladas.
En lugar de intentar un asalto de inmediato las técnicas bélicas imponían un prolongado cerco al centro urbano que provocara su agotamiento por hambre y enfermedades.
Así el costo en bajas para el sitiador podía ser mínimo y probablemente nulo pues, ante el riguroso asedio, era frecuente que las autoridades optaran por la entrega de la plaza o se vieran forzadas a hacerlo por exigencia de la misma población sitiada.
Por eso definimos la agresión a Venezuela como una guerra híbrida en la que el factor determinante en el deterioro y la búsqueda del colapso de su economía y en general de la actividad productiva en forma cotidiana.
Una primera etapa de esa «guerra económica» se activó tras la muerte del comandante Hugo Chávez a través de en una agudización del contrabando de extracción (inicialmente y básicamente hacia Colombia) de alimentos básicos como harina de maíz, arroz y carne, medicamentos y combustibles. Para esto se aceleró la devaluación de la moneda a través de casas de cambio instaladas en la fronteriza Cúcuta, que convirtieron en marcador las tasas de cambio a las que se transaban el peso colombiano y el bolívar venezolano.
Eso profundizó los desequilibrios de precios y cambiarios mucho más allá de lo que pudiera ser atribuible a una política económica equivocada.
Una segunda etapa, ya con características de guerra declarada, comenzó en el año 2015 con la declaración de Venezuela como una amenaza inusual a la seguridad de los EEUU, hecha por el gobierno de Barack Obama en marzo.
Ese año voceros políticos locales y de la región, así como el propio vicepresidente de Estados Unidos, comenzaron a hablar sobre una posible crisis humanitaria en Venezuela que pudiera afectar el Caribe y los vecinos más cercanos.
Se trataba evidentemente de una crisis humanitaria provocada en forma deliberada a través de la agudización del contrabando extractivo (ahora también hacia Brasil y el Caribe, las restricciones comerciales y financieras que se fueron imponiendo de forma solapada o pública y la promoción de una migración hacia los países andinos y del Cono Sur.
La intención de causar una crisis humanitaria tenía como fin justificar la activación de la intervención internacional o de potencias y vecinos en forma unilateral, con base en el discutible principio de la «responsabilidad de proteger» R2P.
El plan o hoja de ruta lo desarrollo la administración Obama bajo los lineamientos la secretaria de Estado Hillary Clinton y un equipo en el que destacaban las entonces diplomáticas Susan Rice y Samantha Power, formadas en el contexto de la intervención de EEUU y la OTAN en las guerras de la antigua Yugoslavia.
Ese plan, con elementos adicionales como el desgaste político del gobierno, protestas populares ante las condiciones económicas y una rebelión desde la fuerza armada, fue el que se puso en marcha. Se trataba de un esquema lento pero que pretendía un estallido social que acabara, al cabo de varios meses o pocos años, en forma apocalíptica con el gobierno y la institucionalidad.
Con la llegada de Trump ese plan exigía una continuidad que coincidiera con el discurso guerrerista y la lógica imperial del nuevo jefe de la Casa Blanca.
Ese elemento de solape llegó con el desarrollo de la tesis de que Venezuela fuera la fuente de petróleo seguro (que lo es) y barato para EEUU. Pero además que eso ocurriera en el corto plazo y sin mayores costos y riesgos bélicos.
Por eso ha habido tantas incoherencias en la actuación estadounidense y especialmente en los últimos meses.
Todo indica que no habrá una «invasión» cinematográfica. Y quizás nunca estuvo en los planes. Pero lo sí ha ratificado la administración Trump es que el asedio va a continuar y se va a profundizar.
Es lo que ha hecho, lo único concreto para desesperación de la oposición venezolana, desde enero.
Así que nuestra situación en los meses por venir será de muy duras restricciones en el acceso a medicamentos. Ya lo es para enfermedades graves o complejas y es muy costoso para enfermedades simples. Los alimentos, aunque no son escasos actualmente, también suben diariamente de precio.
Además, ha aumentado la precariedad en servicios básicos como la electricidad (tras los sabotajes de marzo ) y en consecuencia el resto como agua potable y telecomunicaciones.
Mientras que las restricciones de importación de algunos insumos para el procesamiento de petróleo ya está afectando el suministro de combustibles y como consecuencia el transporte y la producción de alimentos y bienes esenciales.
La idea es matarnos de hambre…como en la Edad Media.
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Malasia 